El Gobierno encarga un informe para calificar el hachís como droga dura

EL PAIS

Tres décadas de tolerancia con el consumo de marihuana en Holanda pueden llegar a su fin. Un informe encargado por el Gobierno (de centro izquierda) aconseja reconsiderar la calificación de droga blanda para el hachís vendido en el país. La elevada concentración de tetrahidrocannabinol, la principal sustancia psicoativa, y el hecho de que su cultivo y exportación clandestina se hayan convertido en un negocio millonario, son argumentos a favor de equiparar la hierba a las drogas duras.

En estos momentos, un adulto, sea o no holandés, puede consumir legalmente hasta cinco gramos de marihuana en cualquiera de los 700 locales habilitados para ello, los famosos coffeeshops.

Ámsterdam y las ciudades del sur, en la frontera con Bélgica y Alemania, son los lugares preferidos por los usuarios, muchos de ellos denominados “turistas de la droga”. Paradójicamente, si bien ninguno será molestado por los agentes mientras fume dentro del bar, el cultivo de la droga sí se considera un delito. Y ese contrasentido, que lastra desde el principio la idea misma de la permisividad holandesa en materia de droga blanda, es lo que trata de resolver ahora el Ejecutivo.

Parte del nuevo enfoque dado por el informe, dirigido por el cristianodemócrata Wim van de Donk, se debe al impacto causado por las cifras del cultivo ilegal de hachís. Hasta 1990, los coffeshops se nutrían en un 80% de la hierba llegada de Marruecos. En estos momentos,

al menos dos tercios de la vendida en los mismos locales procede del cultivo clandestino nacional.

En 2008, la policía nacional calculó que los cultivadores patrios de hachís ganaban unos

2.000 millones de euros anuales con su actividad. Cada año, además, la exportación de nederhachís (de neder: holandés) supera las 500 toneladas. Teniendo en cuenta que la exportación de flores, casi el producto nacional por excelencia, genera unos 5.500 millones de euros al año, los tres partidos gobernantes (democracia cristiana, socialdemócratas y calvinistas moderados) han admitido que “deben ajustarse los límites de nuestra reconocida tolerancia en la materia”.

Lo malo es que ni siquiera el estudio oficial se pone de acuerdo en los detalles. En sus conclusiones, Van de Donk aconseja imponer un carné a los coffeshops, para que sirvan sólo a los socios locales. Con la ley en la mano, será difícil impedir el acceso de un ciudadano comunitario a uno de estos bares sin incurrir en discriminación.

Y en cuanto al cultivo, sugiere experimentar con una cuota legal de plantaciones, “para que los dueños de coffeshops no compren a traficantes una mercancía que es ilegal fuera de su comercio, y legal dentro del mismo en cuanto la venden”.

Una idea a considerar, si no fuera porque la UE y Naciones Unidas

sólo admiten plantaciones de cannabis para uso medicinal, o bien para consumo personal. A la vuelta de las vacaciones, el Gobierno tendrá que pronunciarse.